Compartimos artículo de opinión de Sebastián Demiryi, Secretario Político del Movimiento Evita Capital, sobre el desalojo del barrio Papa Francisco, publicado en Infobae: http://bit.ly/1oJaAV1
El violento desalojo del Barrio Papa Francisco pone de manifiesto la profunda crisis habitacional que sufre la Ciudad. Seis meses después de que más de 700 familias se asentaran en el predio lindero a la villa 20, el Gobierno de la Ciudad, con la ayuda de Gendarmería, barrió literalmente con las precarias viviendas de los vecinos, con un saldo de seis detenidos y decenas de heridos.
La "toma de Lugano", como se conoció mediáticamente, fue fruto de la inacción política por parte del PRO, basada en la reducción y subejecución constante del presupuesto y en el incumplimiento de leyes como la 1770, sancionada en 2005, en donde se establece que dichos terrenos tienen que ser saneados y destinados a viviendas sociales, algo que el Gobierno de la Ciudad ignoró durante años.
El foco del conflicto, que ameritó la intervención papal en favor de los ocupantes, se empujó de la cuestión esencial (la falta de vivienda) al hostigamiento y persecución a las organizaciones que se solidarizaron con los vecinos afectados, y finalizó la última semana con una campaña de estigmatización de los inmigrantes de países vecinos y criminalización de la pobreza, que tiene como principales aliados a los medios de comunicación monopólicos.
Esta perversa campaña intenta ocultar la matriz de política macrista: la especulación inmobiliaria, y la consecuente falta de acceso a la vivienda, situación que hoy afecta a casi medio millón de porteños, y no sólo a los que viven en alguna de las 16 villas de la Ciudad.
En una ciudad que tiene cerca de 200.000 viviendas ociosas y 16.000 personas en situación de calle, el gobierno de Mauricio Macri apuesta a la dolarización de los alquileres, agudizado por la falta de crédito y las políticas orientadas a consolidar la vergonzosa e histórica desigualdad entre el norte y el sur.
La gravedad del problema habitacional atraviesa la ciudad y sólo puede ser atacado seriamente con una firme decisión política que destine recursos suficientes y establezca un marco institucional, que realice acciones concretas y efectivas, que den respuesta a la falta de acceso a la vivienda. Es necesaria una ley de alquileres que le ponga freno a la especulación inmobiliaria a partir de un impuesto a la vivienda ociosa y una reducción impositiva para aquellos propietarios que alquilen sus casas o departamentos, una flexibilidad mayor en el esquema de garantías en que el Estado de la Ciudad sea el principal garante. Una ley de alquileres le quitaría presión social al crecimiento demográfico en villas y facilitaría avanzar con las leyes de urbanización largamente postergadas por el macrismo.
Todas estas son medidas que, de implementarse, representan un paso fundamental en la solución de muchos de los agudos conflictos que hoy atraviesa la Ciudad. Porque a partir de una racional política de vivienda se combaten otros problemas urbanos derivados: la narcocriminalidad en los barrios, la inseguridad, las condiciones sanitarias, las desigualdades educativas, que no van a terminarse si seguimos permitiendo que en la Ciudad de Buenos Aires existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
La solución es una política social, nunca una política criminal. Para combatir el delito hay que urbanizar e integrar a los barrios humildes; garantizar servicios, educación, salud y seguridad.Con palos y gases, cuando no con muertos, solo se da una respuesta represiva, nunca una respuesta que atienda a los verdaderos orígenes de la desigualdad social. Agotadas las excusas que hasta hoy usó el macrismo, esperamos que no se demoren ni un solo día más en el saneamiento de los terrenos, y que incluyan a las 700 familias censadas en las viviendas sociales a construir, cumpliendo con la ley 1770.
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