En la Ciudad de Buenos Aires, es prácticamente imposible acceder a la compra de una vivienda con un sueldo promedio y alquilar también se hace una misión imposible. En el corazón de la especulación inmobiliaria del país, el problema se expresa en la coexistencia de unos 150.000 inmuebles ociosos con un equivalente de 150.000 familias con necesidades habitacionales insatisfechas (NHI), que integran el medio millón de personas que no acceden a una vivienda digna en el distrito con mayor presupuesto del país.
La situación constituye además un problema cotidiano para los casi 890.000 inquilinos porteños, que destinan entre el 40% y el 50% de un sueldo al alquiler, para el que necesitan unos 20 mil pesos de entrada, y cuyo valor tiene un 30% de aumento anual o un 15% semestral.
El trasfondo de esta situación es el sistema impuesto por las inmobiliarias al inquilino, a quien notifican días antes de la finalización del contrato de que no será renovado. En menos de un mes, debe juntar entre 15.000 y 20.000 pesos, buscar un inmueble por el barrio que tenga el mismo valor del actual, conseguir una garantía de familiar directo en Capital, tener recibo de sueldo por un valor mayor a los otros aspirantes a alquilar ese mismo departamento, dejar una seña para que inmobiliaria y dueño elijan y, de resultar seleccionados, se les imponen las peores condiciones; no hay forma de negociar absolutamente nada. Se pagan los meses de comisión que ellos deciden, contra la ley que ordena cobrar menos de un mes; se pagan los aumentos que también ellos disponen, con frecuencias caprichosas, en contratos donde el inquilino se hace cargo de los arreglos de la casa, todos los impuestos y las expensas extraordinarias. Si hay atraso de un día en pagar el alquiler, se pagan los punitivos, además de sufrir los llamados amenazantes de la inmobiliaria.
Ante esta situación, el plan “Alquilar se puede” presentado por el gobierno porteño es, sin más, una gran estafa hacia los inquilinos. Constituye un sistema de créditos para que el inquilino cumpla como pueda el conjunto de condiciones leoninas, en lugar de rediscutir el sistema injusto en su conjunto. En otras palabras, hay que endeudarse para que las inmobiliarias sigan quedándose con todo.
El Gobierno de la Ciudad, socio de grupos “inversores” que especulan con el valor de la propiedad en la distrito, no fue capaz de responder a la falta de vivienda, por el simple hecho de que es parte del problema; el ingeniero Mauricio Macri, responsable del déficit de vivienda que atraviesa el distrito, redujo y subejecutó el presupuesto de vivienda y no construyó una sola vivienda social en ocho años de gestión.
En este marco, las soluciones para los inquilinos, en el corto plazo, debieran canalizarse en la constitución de asesorías descentralizadas, destinadas a monitorear abusos por parte de las inmobiliarias, obligándolas a cumplir la ley. Las mismas funcionarían en la órbita comunal para fortalecer y dotar de sentido, de una buena vez, la Ley de Comunas.
La forma de articulación de estas propuestas es la creación de un Ministerio de Vivienda en la Ciudad, que estimule la incorporación al mercado de alquileres a las viviendas ociosas, flexibilice las condiciones de los contratos de alquiler, extienda de dos a cuatro años los contratos para inquilinos, desarrolle créditos accesibles para la primera vivienda e impulse un plan vigoroso de construcción de viviendas sociales, porque todos tenemos derecho a vivir en la Ciudad.
* Candidato a legislador porteño FPV-Unidos por la Ciudad // Secretario Político Movimiento Evita Capital
Fuente - Miradas al Sur: http://bit.ly/1CmSGBi
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